La causa ANDIS entra en una etapa clave tras 15 indagatorias
La causa conocida como “Coimagate”, que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), avanzó este viernes con el cierre de la primera ronda de 15 indagatorias ante el juez federal Sebastián Casanello. La mayoría de los imputados decidió no declarar y se limitó a presentar escritos.
Según detalló el periodista Franco Mizrahi, el expediente atraviesa un momento decisivo luego de que la Cámara Federal porteña ordenara al magistrado determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia y figura central de la acusación. En esas grabaciones, se oiría describir un presunto sistema ilegal de recaudación.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi y la Unidad de Información Financiera (UIF), sostiene que habría funcionado un entramado que benefició a determinadas droguerías mediante un circuito de pagos irregulares. En su planteo, la UIF vinculó el liderazgo de esa asociación ilícita a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel momento.
Entre los investigados que se acogieron al derecho a no declarar figuran Spagnuolo, cercano al presidente Javier Milei; Daniel Garbellini, ex responsable del programa “Incluir Salud”; y el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto organizador de las maniobras.
El fallo de la Cámara que ordena verificar la autenticidad de los audios abrió una nueva discusión procesal. La defensa de Spagnuolo presentó estudios privados que indican que las grabaciones habrían sido manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que alimentó el planteo de nulidad bajo el argumento del “fruto del árbol envenenado”.
Mientras tanto, la fiscalía avanza sobre el presunto circuito del dinero. En este marco, Picardi prepara nuevas indagatorias enfocadas en el eventual blanqueo de fondos. Dos nombres aparecen en la mira: Sergio Mastropietro y Alan Pocoví, investigados por su presunta participación en darle apariencia legal a ganancias obtenidas mediante el sistema cuestionado.
En los próximos días, el juez Casanello deberá resolver los procesamientos, una definición que marcará el rumbo de la causa y su impacto político e institucional.