Nuevo amparo judicial para frenar la venta de Nucleoeléctrica Argentina
El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Emanuel Martínez, presentó un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana con el objetivo de frenar la venta del 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Se trata del segundo recurso judicial desde que trascendió la intención del Gobierno Nacional de avanzar con su privatización.
Nucleoeléctrica Argentina es la empresa estatal encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Según el texto del amparo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la presentación cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización para la soberanía energética del país.
El escrito destaca que NA-SA es una compañía rentable. En el primer trimestre del año registró ganancias por 17 millones de dólares, lo que contradice —según el concejal— el argumento oficial de vender empresas públicas deficitarias. “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema”, sostiene Martínez en el documento.
El amparo solicita además una medida cautelar para suspender cualquier proceso de licitación, oferta o transferencia de acciones hasta que la Justicia se expida. También pide frenar una eventual privatización parcial, advirtiendo que podría derivar en aumentos tarifarios y un desfinanciamiento del sector. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, afirma el texto.
Este recurso se suma al presentado días atrás por la diputada Gabriela Estévez (UxP), que pidió la nulidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. Ese expediente tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.
“Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar”, concluyó Martínez.