Santa Fe Por: SOFIA ZANOTTI22/10/2025

Ley de Microtráfico: inactivan el búnker Nº 51 en Rosario y ya son 79 en toda la provincia

Funcionarios provinciales y fiscales del MPA supervisaron el operativo en Anchoris 1663. Seis personas fueron detenidas.

En el marco de la Ley de Microtráfico, el Gobierno de Santa Fe concretó este miércoles la inactivación de otro punto de venta de estupefacientes en Rosario. El procedimiento se realizó en Anchoris 1663, departamento 2, y fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Con esta intervención, ya son 51 los búnkeres inactivados en Rosario y 79 en toda la provincia, una acción que forma parte del plan impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia para reducir la violencia asociada al narcotráfico.

La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó el compromiso del Ejecutivo provincial: “Desde el comienzo de la gestión, el gobernador envió un mensaje claro de avanzar en coordinación con el MPA para bajar los niveles de criminalidad en Rosario. Este modelo debe replicarse a nivel nacional y no vamos a retroceder”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Diego Giro explicó que el operativo se enmarca en una investigación que llevaba meses de trabajo: “Esta es la tercera intervención en el lugar, donde era frecuente la venta de drogas. En abril realizamos allanamientos y aprehensiones, luego hubo una regeneración del delito y volvimos a intervenir”.

El funcionario informó que seis personas permanecen detenidas con prisión preventiva y que dos ya fueron condenadas mediante procedimientos abreviados. En el lugar, tres de los cinco departamentos quedaron inactivados, aunque no se autorizó el derribo por posibles derechos de terceros propietarios.

La Ley de Microtráfico, sancionada en 2023, permite la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a delitos violentos. Desde principios de 2024, la norma se aplica en un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía y los gobiernos locales.

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