Convención aprobó reforma judicial con cambios en la Corte y el Ministerio Público

En la novena asamblea plenaria, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó una profunda reestructuración del Poder Judicial con 7 votaciones en general y 29 en particular. La iniciativa recibió el respaldo de los bloques Unidos, Más para Santa Fe y Fe, mientras que Activemos, Somos Vida y Libertad y La Libertad Avanza votaron en contra.

La reforma establece una Corte Suprema de Justicia con siete miembros, garantizando representación territorial y de género. También crea un Consejo de Selección para la designación de jueces, fiscales y defensores, con carácter vinculante en sus dictámenes, y un Jurado de Enjuiciamiento presidido por la Corte. Además, se modifica la figura del Procurador y se da rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, vigente por ley desde 1990.

El presidente de la Comisión de Poder Judicial, Lisandro Enrico (Unidos), defendió la reforma al señalar que busca “mayor independencia de la justicia” y subrayó la necesidad de un sistema más transparente y equilibrado. Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano calificó el avance como “un paso adelante” y Jaquelina Balangione valoró que se hayan incorporado cambios para asegurar un Ministerio Público autónomo del poder político.

En la vereda opositora, María Victoria Capocetti (Activemos) consideró que se “rediseñó el Poder Judicial con objetivos políticos”, mientras que Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) habló de “un día de duelo en la provincia porque se entierra la división de poderes”. Por su parte, Froilán Ravena (La Libertad Avanza) cuestionó la fijación de un número rígido de ministros en la Corte.

El resultado final de la votación fue de 35 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones en la primera resolución general. Los cambios en la Corte obtuvieron 49 votos positivos y la incorporación de la Defensoría del Pueblo fue aprobada con 47 votos afirmativos.

La reforma incluye además 15 cláusulas transitorias para ordenar la transición en los próximos dos años, en un proceso que, según sus impulsores, busca modernizar y oxigenar el funcionamiento de la justicia provincial.