Reforma histórica: la nueva Constitución santafesina redefine el poder y los derechos ciudadanos
La provincia de Santa Fe avanza hacia una reforma constitucional de gran magnitud que promete modificar de raíz su esquema institucional y político. Tras seis semanas de debate, las cinco comisiones temáticas de la Convención Constituyente concluyeron sus dictámenes, que ahora serán ordenados y pulidos por la Comisión Redactora antes de su tratamiento final en el plenario.
Entre los cambios más relevantes, se habilita la posibilidad de una sola reelección para todos los cargos ejecutivos y legislativos, lo que incluye al actual gobernador Maximiliano Pullaro. También se elimina el sistema de mayoría automática en Diputados, reemplazado por la aplicación pura del método D’Hondt, lo que obligará a la construcción de consensos legislativos permanentes. Además, se prohíben los decretos de necesidad y urgencia, reforzando la idea de un Ejecutivo limitado al diálogo político.
En materia judicial, la Corte Suprema pasará a contar con siete miembros con límite de 75 años, mientras que se crea un Ministerio Público autónomo y dividido en dos órganos independientes: uno de persecución penal y otro de defensa pública. La selección y el control de jueces y fiscales se regirá por concursos transparentes con participación ciudadana, aunque el Ejecutivo conservará la facultad de enviar pliegos con acuerdo legislativo.
La reforma también avanza en un punto largamente reclamado: la autonomía municipal plena, con la posibilidad de que localidades de más de 10.000 habitantes elaboren sus propias cartas orgánicas. Asimismo, se institucionalizan áreas metropolitanas para abordar problemáticas compartidas como transporte, seguridad y ambiente.
Otro aspecto clave es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el referéndum vinculante, la revocatoria de mandatos y las audiencias públicas obligatorias en temas de servicios y medioambiente.
En el terreno de los derechos, el nuevo texto suma un capítulo actualizado al siglo XXI, con énfasis en la protección de datos y derechos digitales, la lucha contra la violencia en entornos virtuales, la transparencia algorítmica, el acceso al agua como bien colectivo y la tutela de consumidores y usuarios. También se refuerza la libertad de prensa, se establece la separación entre Iglesia y Estado y se incorporan garantías en materia ambiental, laboral y previsional.
Con estas definiciones, la reforma constitucional santafesina se proyecta como un rediseño institucional profundo que busca equilibrar poderes, modernizar el sistema judicial, fortalecer la participación ciudadana y garantizar nuevos derechos en línea con los desafíos actuales.