Fuerte rechazo opositor al veto de Milei a leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad
Luego de que el presidente Javier Milei oficializara el veto total a las leyes que proponían un aumento a las jubilaciones, el restablecimiento de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, dirigentes de la oposición expresaron su rechazo a la medida a través de redes sociales y declaraciones públicas.
Entre los primeros en manifestarse estuvo el diputado Martín Soria (Unión por la Patria), quien acusó al Gobierno de utilizar el ajuste para beneficiar intereses financieros y aseguró que el peronismo buscará revertir el veto en el Congreso. “El ajuste de la motosierra es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger”, afirmó.
La decisión presidencial también generó incomodidad en filas oficialistas. La diputada Rocío Bonacci (LLA) reconoció que le cuesta acompañar el veto, especialmente en lo referido a la emergencia en discapacidad, aunque finalmente respaldará la postura del Ejecutivo.
Desde el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz cuestionó el modelo económico actual y sostuvo que el Congreso “debe ponerle un freno a la crueldad”. Anabel Fernández Sagasti, por su parte, vinculó el veto con el nuevo desembolso del FMI y llamó a “frenar a Milei en las urnas”.
Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, denunció además un presunto uso de fondos de inteligencia para espiar a opositores, y solicitó la inmediata convocatoria a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Apuntó también contra un eventual plan del Ejecutivo que incluiría reformas laborales y previsionales regresivas.
Desde otras fuerzas también se sumaron críticas. Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) acusó al Gobierno de “gobernar para los ricos”, mientras que Esteban Paulón (Partido Socialista) calificó la medida como “cruel” y llamó a frenarla en la Cámara de Diputados.
El decreto presidencial fue publicado en el Boletín Oficial bajo el número 534/2025. Según el Poder Ejecutivo, el motivo del veto fue el “costo fiscal exorbitante” y la falta de financiamiento genuino, lo que desató una nueva ola de tensiones entre el Gobierno y el Congreso.