Milei prepara vetos clave y negocia fondos discrecionales con los gobernadores

Mientras el presidente Javier Milei se dispone a vetar tres leyes aprobadas por el Congreso —relacionadas con el aumento de jubilaciones, una nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad—, el Ejecutivo evalúa mecanismos alternativos de distribución de fondos para las provincias a fin de asegurar respaldo político a esas decisiones.

El foco está puesto en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta de asistencia financiera que históricamente se ha utilizado de forma discrecional. Aunque su financiamiento proviene de la masa coparticipable, no se rige por criterios automáticos como la coparticipación federal. El Gobierno considera aumentar estas transferencias como “gesto político” hacia ciertos mandatarios provinciales que podrían colaborar con el oficialismo en el Congreso.

La estrategia es coordinada por una mesa tripartita entre Presidencia, la Jefatura de Gabinete —encabezada por Guillermo Francos— y el Ministerio de Economía. El objetivo es lograr que ninguno de los vetos sea revertido en el Poder Legislativo. En este contexto, se iniciaron conversaciones con bloques parlamentarios y gobernadores, a quienes se intenta seducir con posibles beneficios presupuestarios.

Sin embargo, varios mandatarios mantienen su escepticismo. Actualmente, avanza en Diputados un proyecto que busca modificar la Ley 11.672 para que el fondo de ATN se distribuya automáticamente y de forma diaria. Desde algunas provincias aseguran que no recibieron propuestas formales por parte de la Casa Rosada y relativizan el impacto económico del ofrecimiento nacional.

El presidente Milei ha sido contundente sobre la importancia de sostener los vetos y ha llamado a sus aliados a “no traicionar a las futuras generaciones”. Mientras tanto, el oficialismo evalúa que la iniciativa contra la moratoria previsional podría sostenerse, pero los vetos sobre jubilaciones y discapacidad aún enfrentan un escenario incierto. El respaldo de algunos gobernadores podría ser clave para inclinar la balanza en el Congreso.