Milei en la cuerda floja: abre diálogo por los vetos, pero la oposición exige lugares en las listas

A menos de tres meses de las elecciones nacionales, el presidente Javier Milei enfrenta uno de los mayores desafíos políticos de su gestión: conseguir los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso, sin ceder ante las presiones electorales de la oposición. El oficialismo, que ya no cuenta con la comodidad legislativa de los primeros meses, abrió canales informales de diálogo con sectores dialoguistas del PRO, la UCR y algunos gobernadores aliados.

Los vetos en discusión —moratoria previsional, aumento a jubilaciones mínimas y emergencia en discapacidad— despiertan fuerte sensibilidad social y altos costos políticos para quienes los respalden. Mientras el veto a la moratoria parece asegurado, los otros dos están en terreno incierto. En Casa Rosada calculan que necesitan entre 75 y 86 votos afirmativos para ratificar cada uno, y por eso han comenzado a negociar con distintos sectores parlamentarios.

Dentro del PRO, la interna se profundiza entre los sectores que responden a Bullrich (cercanos al oficialismo) y otros que se mantienen independientes, como los nueve diputados que se abstuvieron en la votación previsional. La UCR también mostró fisuras: votó en bloque la ley de discapacidad y evalúa no acompañar los vetos si no hay concesiones electorales en distritos como Tucumán, Córdoba o Santa Cruz.

Los libertarios, liderados por Karina Milei y Santiago Caputo, insisten en evitar vetos parciales y rechazan cualquier “pacto tradicional”, lo que dificulta los acuerdos. Sin embargo, hay intentos de acercamiento con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes, si bien reclaman más fondos, podrían ser aliados electorales.

La estrategia oficial apunta a asegurar apoyos puntuales que permitan sostener la agenda económica y fiscal del Gobierno, especialmente el objetivo de déficit cero. En este contexto, la figura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se posiciona como clave para organizar una convocatoria de gobernadores y cerrar acuerdos legislativos y electorales antes del 7 y 17 de agosto, fechas límite para alianzas y candidaturas respectivamente.