Filtración en la causa YPF: el Gobierno investiga y ejecuta una fuerte reestructuración en la Procuración

El Gobierno nacional inició una auditoría interna en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) tras conocerse una grave denuncia de filtración de información confidencial vinculada a la estrategia jurídica en la causa por la expropiación de YPF. En paralelo, el presidente Javier Milei firmó un decreto que introdujo modificaciones estructurales en el organismo, incluyendo el despido de 60 empleados y la reducción de direcciones nacionales.

La filtración habría sido realizada por empleados de la PTN, quienes habrían vendido información a litigantes que enfrentan al Estado argentino en los tribunales de Nueva York. Uno de los apuntados como beneficiario es el fondo Burford, actor central en el juicio por YPF, que mantiene una demanda multimillonaria contra el país.

En respuesta, el actual Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, ordenó una purga interna y encabezó los cambios publicados este jueves en el Boletín Oficial. La medida incluye la fusión de direcciones clave como Auditoría y Sumarios e Investigaciones Administrativas, la transformación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado en una coordinación, y la reconfiguración de áreas como Recursos Humanos y Tecnología.

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó los nombres de los funcionarios removidos ni detalles sobre el alcance de la información comprometida. La comunicación oficial se maneja con absoluto hermetismo desde la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia.

La investigación interna continúa y se evalúan auditorías externas a través de organismos como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La situación pone en foco la seguridad de datos críticos del Estado y el funcionamiento de sus organismos jurídicos en litigios de alta sensibilidad internacional.