Argentina logra una pausa clave en el juicio por YPF en EE. UU.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó temporalmente la entrega del 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes, otorgando aire al Gobierno argentino en una causa millonaria.
Argentina obtuvo este martes un respiro judicial en el conflicto internacional por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York suspendió de manera preventiva la orden emitida por la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a transferir, en un plazo de 72 horas, el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park.
La decisión fue comunicada por la secretaria del tribunal, quien informó que se concedió una "suspensión administrativa temporal" mientras se resuelve el pedido de revisión por parte de un panel de tres jueces. Esta medida no implica una resolución definitiva, pero evita que el país entre en desacato judicial, como temían en el Gobierno.
La orden original surgió tras una sentencia dictada en 2023 por la jueza Preska, que condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses, al considerar que durante la estatización de 2012 no se respetaron los derechos de todos los accionistas de YPF. El conflicto legal fue iniciado por los fondos Burford y Eton, que adquirieron los derechos litigiosos de las sociedades del Grupo Petersen, uno de los accionistas de YPF.
En el momento de la estatización, el paquete accionario de YPF estaba distribuido entre Repsol (57,5%), el Grupo Petersen (25,5%) y accionistas minoritarios (17%). Repsol fue indemnizada en 2014 con 5.000 millones de dólares, pero el resto de los accionistas no recibió compensación, lo que motivó la demanda.
Aunque YPF como empresa no forma parte del litigio, el fallo compromete únicamente al Estado argentino, que no solo carece de los fondos para afrontar la sentencia, sino que además se encuentra limitado por la ley que regula la estatización de la compañía, la cual impide la transferencia de acciones sin autorización del Congreso.
Por ahora, la medida de la Cámara otorga tiempo para que las partes presenten sus argumentos y el tribunal evalúe si efectivamente corresponde mantener o revertir la condena.
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