El Senado aprobó la suba a jubilaciones y la emergencia en discapacidad con fuerte respaldo opositor

En una jornada intensa y marcada por una fuerte confrontación institucional, el Senado de la Nación aprobó este jueves varios proyectos impulsados por la oposición, entre ellos el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Las iniciativas fueron sancionadas con amplias mayorías que superaron los dos tercios, pese al rechazo del oficialismo y a la polémica en torno a la validez de la sesión.

El paquete de leyes económicas había sido impulsado por los bloques peronistas, radicales y provinciales, que lograron reunir el quórum necesario y avanzar con el debate pese a la negativa de La Libertad Avanza y gran parte del PRO. Incluso, algunos legisladores de este último espacio —como Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez— votaron a favor de los proyectos, desmarcándose de la postura oficial.

La ley que declara la emergencia en discapacidad fue aprobada por unanimidad con 56 votos, y busca garantizar la actualización de las prestaciones del sistema. En su intervención, el senador cordobés Luis Juez (PRO) hizo un llamado emotivo al destacar la invisibilización que sufren las personas con discapacidad: “Alguien tiene que hablar por los que no pueden”, afirmó, recordando que su hija padece parálisis cerebral.

Por su parte, el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 7,2% y eleva el bono mínimo de $70.000 a $110.000 fue sancionado con 52 votos a favor y 4 abstenciones. La moratoria previsional también obtuvo luz verde por 39 votos afirmativos, 14 en contra y una abstención.

Desde el Gobierno, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, denunció que la sesión fue “un atropello institucional” y declaró que para el Ejecutivo “no tiene validez”. La vicepresidenta Victoria Villarruel también intentó frenar el avance del temario, aunque su planteo fue rechazado por la mayoría del cuerpo.

El presidente Javier Milei ya adelantó que vetará las normas, lo que anticipa una nueva etapa de alta tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores, especialmente por la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de fondos discrecionales.