Renunció el juez federal Marcelo Bailaque y el Gobierno aceptó su dimisión

El Gobierno nacional aceptó este lunes la renuncia presentada por el juez federal de Garantías Marcelo Bailaque, quien se desempeñaba en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario. La decisión, que se formalizará mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entrará en vigencia desde este martes 1° de julio.

Bailaque había elevado su renuncia el pasado 10 de junio, una semana antes de presentar su defensa ante el Consejo de la Magistratura, organismo que lo investigaba por tres causas graves. Si bien presentó un descargo por escrito, su dimisión le permitió evitar una eventual destitución y conservar los beneficios del cargo, incluida su jubilación como exjuez también de Caleta Olivia.

A fines de abril, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz había dictado prisión preventiva contra Bailaque, aunque la medida no se ejecutó debido a la inmunidad derivada de sus fueros. Posteriormente, el 19 de junio, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado por unanimidad la suspensión preventiva del magistrado, en vistas de iniciar el proceso de remoción. Sin embargo, el tratamiento en plenario no llegó a concretarse antes de su renuncia.

Las acusaciones contra Bailaque involucran hechos de extrema gravedad institucional. La primera lo vincula al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado: su contador, Gabriel Mizzau, también administraba los fondos de Alvarado y su hijo trabajaba en el juzgado de Bailaque, quien no se excusó de intervenir en causas relacionadas. Incluso habría obstaculizado pruebas clave, como escuchas y allanamientos.

El segundo expediente se refiere a una presunta extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Según las actuaciones, se habría armado una causa para exigirle una coima de 200 mil dólares, maniobra en la que habrían participado el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario.

El tercer cargo vincula al magistrado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores intervenida judicialmente. Parte de esos fondos fueron desviados hacia la mutual Grupo Unión, controlada también por Whpei. Pese a sus relaciones con los involucrados, Bailaque tampoco se apartó de esa causa.