Argentina sigue fuera del radar inversor global pese a las reformas de Milei

La calificadora MSCI ratificó a Argentina en la categoría “standalone” —la más baja del escalafón financiero global— pese a las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Esta decisión deja al país fuera del radar de los grandes fondos de inversión internacionales, que tienen prohibido operar en mercados con esta clasificación.

La calificación implica que los bonos soberanos argentinos continúan siendo considerados activos de riesgo marginal. Según la comunicación de MSCI del 19 de junio, el país “no cumple con los requisitos mínimos de liquidez” y sus mercados “siguen parcial o totalmente cerrados a los inversores extranjeros”. Esto se debe, principalmente, a que persisten restricciones al libre flujo de capitales, especialmente para empresas e instituciones, a pesar de la flexibilización para minoristas.

La expectativa oficial era que el rumbo económico adoptado por la administración libertaria —alineado con los postulados del mercado— generara señales suficientes para un cambio de categoría. Sin embargo, MSCI no sólo desestimó la revisión en 2025, sino que postergó cualquier evaluación hasta 2027, lo cual representa un revés para las aspiraciones del gobierno.

De haberse concretado una mejora en la calificación, Argentina podría haber accedido a flujos de inversión por al menos U$S 1.000 millones. La falta de apoyo también golpea al discurso oficial de una “salida total del cepo”, ya que la empresa internacional expuso las trabas vigentes para los capitales extranjeros.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inició esta semana una revisión clave del programa de Facilidades Extendidas (EFF), que prevé un desembolso de U$S 2.000 millones. La misión técnica está encabezada por Bikas Joshi y monitorea el cumplimiento de metas macroeconómicas, de las cuales sólo la acumulación de reservas no fue alcanzada. Aun así, se espera una aprobación favorable.

El EFF —diferente del acuerdo por la deuda de U$S 45.000 millones— busca reencauzar las finanzas argentinas y allanar el camino para un regreso sustentable al mercado internacional.