La notificación fue entregada en la sede del Gobierno por el primer secretario de la Cámara baja, Roberto Mansur, con lo que se abre el plazo para que la mandataria se defienda ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesar a Rousseff.

Esa comisión especial, integrada por 65 diputados de 23 partidos políticos, fue instalada este mismo jueves tras la elección de sus miembros.

Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

Sin embargo, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a la mandataria mengua cada semana.

El pasado sábado, el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acordó que se tomará treinta días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con Rousseff.

Esa formación está liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, y cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.

Este miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el Gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.

La comisión analizará el caso durante quince sesiones y, si se pronuncia a favor del juicio político, pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).

Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra será del pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

En ese último caso, Rousseff deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.

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