Rechazan denuncia penal de Javier Milei contra periodista por calumnias e injurias

Una fiscal consideró que las expresiones del periodista Ari Lijalad están protegidas por la libertad de expresión y no constituyen delito, en el marco de una denuncia presentada por el presidente Javier Milei.

Javier Milei

La fiscal Paloma Ochoa dictaminó que no corresponde impulsar la denuncia penal por calumnias e injurias presentada por el presidente Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad, autor de una nota publicada en el portal El Destape. En su dictamen, la fiscal sostuvo que las declaraciones del periodista “se refieren a temas de interés público” y están amparadas por la libertad de expresión, por lo que no constituyen un delito penal.

La denuncia de Milei fue presentada a principios de mayo y alcanzó a varios periodistas, aunque uno de los principales apuntados fue Lijalad, quien firmó una nota titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Según el mandatario, la publicación lo comparaba con Adolf Hitler y afectaba su honor y reputación.

Lijalad fue representado por los abogados Alejo Rúa y Graciana Peñafort, quienes rechazaron categóricamente la denuncia. Por su parte, la fiscal Ochoa concluyó que no se verifica en los hechos la atribución de un delito penal, ya que “las expresiones se encuentran amparadas por el ejercicio de la libertad de prensa y el rol propio del periodismo”.

Además, la fiscal explicó que los delitos de calumnias e injurias, contemplados en los artículos 109 y 110 del Código Penal, son de acción privada, lo que significa que el Ministerio Público Fiscal no puede intervenir salvo en circunstancias excepcionales, que no se presentan en este caso.

“Este Ministerio Público Fiscal se encuentra legalmente inhibido de ejercer la acción penal”, remarcó Ochoa, en sintonía con los artículos 71 y 73 del Código Penal. Aún resta que el juez federal Daniel Rafecas resuelva si desestima o no la causa, aunque ya cuenta con el dictamen de la fiscalía.

De esta manera, la vía penal queda prácticamente descartada para el jefe de Estado, quien podría recurrir a una acción civil si considera que su honor fue afectado.

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