Reforma migratoria en Argentina: cobrarán atención médica a extranjeros y endurecen requisitos para el DNI
El Gobierno anunció una serie de medidas que afectan a los extranjeros que ingresen o residan en el país. Se implementarán cobros en hospitales públicos, exigencias de seguros médicos, restricciones para obtener el DNI y expulsión de condenados.
En una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno nacional oficializó una serie de reformas en materia migratoria. Entre las principales medidas, se destaca la autorización para que hospitales públicos cobren por la atención médica a extranjeros sin residencia permanente o en situación irregular, y la exigencia de un seguro médico para ingresar al país.
“Vienen al país, se atienden en un hospital público y vuelven a su lugar de origen. Solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en atender pacientes extranjeros”, explicó Adorni, quien también es candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.
En el mismo sentido, el Gobierno anunció que se habilitará a las universidades a cobrar por sus servicios educativos a ciudadanos extranjeros. “Se respetará la autonomía universitaria”, aclaró el vocero, dejando en manos de cada institución la decisión final.
Otra de las medidas presentadas es el endurecimiento de los requisitos para acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI), la residencia permanente y la ciudadanía. A partir de ahora, quienes soliciten la ciudadanía deberán acreditar al menos dos años de residencia continua en el país sin ausencias. “Quienes entren o permanezcan de forma irregular no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, advirtió Adorni.
En cuanto a la seguridad, y con la ministra Patricia Bullrich presente en la conferencia, se anunció que se rechazará el ingreso de cualquier persona con antecedentes penales. Además, los extranjeros condenados por delitos —sin importar su gravedad— serán deportados del país. “Argentina no será tierra fértil para delincuentes”, sentenció el vocero presidencial.
Las medidas generaron repercusiones inmediatas en distintos sectores sociales y políticos, y se espera que en los próximos días continúen los debates en torno a su implementación, su impacto legal y sus implicancias en materia de derechos humanos.
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