Diputados debaten la baja de imputabilidad a 14 años: el Gobierno busca dictamen esta semana

Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación inicia el tratamiento en comisión del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y modificar el régimen de sanciones aplicables a menores que cometan delitos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y respaldada por bloques como el PRO, UCR, Innovación Federal y la Coalición Cívica, será debatida a partir de las 16 en un plenario convocado por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO).

La propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de Unión por la Patria, la izquierda y numerosas organizaciones de Derechos Humanos. También se pronunció en contra el presidente de la comisión de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien expresó: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

El plenario estará compuesto por las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente. El oficialismo aspira a obtener dictamen favorable este mismo martes para tratar el proyecto en el recinto antes de fin de mayo.

Según fuentes legislativas, si bien el Ejecutivo aspiraba inicialmente a fijar la edad mínima de imputabilidad en 13 años, el consenso actual se inclina por los 14 años, posición sostenida también por sectores de Unión por la Patria como el diputado Ramiro Gutiérrez.

El proyecto oficial contempla que no se podrá aplicar a los menores penas de prisión perpetua, y que el máximo será de 20 años, incluso en casos de múltiples delitos. También prevé programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y tratamientos médicos como parte del proceso de resocialización.

Además, se crea la figura del “supervisor”, quien acompañará al menor durante su rehabilitación. El cumplimiento de las condenas podrá ser revisado a los dos tercios para habilitar el cumplimiento domiciliario. Se incluyen también otras modalidades como institutos especializados, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.

El debate promete ser uno de los más intensos del año legislativo, con fuertes divisiones políticas y sociales sobre la manera de abordar el delito juvenil en la Argentina actual.