Golpe al narcomenudeo: ya son 52 los búnkers de droga derribados en Santa Fe

Este viernes por la mañana se llevó a cabo un nuevo operativo antidrogas en la ciudad de Rosario, donde se procedió al derribo del búnker número 52 desde la implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia de Santa Fe. La intervención, que se realizó en la zona sudoeste, específicamente en Cisnero al 6500, fue supervisada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el apoyo de la Policía provincial.

El procedimiento forma parte de una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, a través de la cual se busca desactivar puntos de venta de drogas en barrios vulnerables, donde históricamente operaron bandas dedicadas al narcomenudeo. En esta oportunidad, se trató de una construcción precaria escondida en un laberinto de pasillos internos, lo que dificultó su localización y acceso.

“Esta herramienta de la Ley de Microtráfico brinda una posibilidad concreta de intervención, algo que antes resultaba complejo por depender exclusivamente de la Justicia Federal”, señaló Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública. El funcionario destacó además el rol activo del Comando Radioeléctrico, que logró detectar el lugar durante tareas de patrullaje preventivo y mediante la persecución de un sospechoso.

Desde el MPA, el fiscal Franco Carbone aseguró que “se trata de una zona controlada por grupos enfrentados que disputan el territorio”. Agregó que una de las personas detenidas cuenta con antecedentes por delitos violentos, lo que refuerza la importancia de desarticular estos espacios. Su colega, la fiscal Ana Julia Milicic, brindó detalles sobre lo incautado: más de 4 kilos de marihuana, más de 345 gramos de cocaína, balanzas, celulares y dinero en efectivo.

Este operativo es parte de una política provincial activa que articula esfuerzos entre los ministerios de Seguridad y Justicia, el MPA, la Policía de Santa Fe y las administraciones locales. La Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023, permite que los fiscales provinciales intervengan en causas por narcomenudeo, competencia que anteriormente estaba reservada a la Justicia Federal.

Las acciones no sólo apuntan a desactivar búnkers, sino también a investigar y perseguir los eslabones superiores de las redes de narcotráfico, con una estrategia integral que busca devolver la seguridad a los barrios más afectados por el crimen organizado.