Emergencia en la Patagonia: más de 11 mil hectáreas arrasadas por el fuego
El Gobierno declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en Bariloche y otras zonas de Río Negro. Productores podrán acceder a beneficios fiscales y créditos blandos para recuperarse.
El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este lunes la declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario en diversas zonas de la provincia de Río Negro, a raíz de los devastadores incendios forestales que afectaron la región durante el verano. La medida se encuentra contemplada en la Resolución 441/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se aplicará desde el 1º de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.
La decisión fue tomada tras el análisis de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que evaluó los daños ocasionados por el fuego en zonas como Cascada Los Alerces, Los Manzanos y El Manso, donde se quemaron más de 11 mil hectáreas. Estas áreas fueron las más afectadas por los incendios forestales que se registraron durante febrero, siendo El Manso una de las más críticas debido a su difícil acceso.
En el operativo de control del fuego participaron más de 225 personas, entre ellas 121 combatientes, incluyendo brigadistas, guardaparques y pobladores locales.
Además de la emergencia por incendios, el Gobierno nacional también declaró el estado de emergencia agropecuaria por heladas, granizo y sequía en otras regiones del país. En Río Negro, se incluyen los departamentos General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda por fenómenos climáticos adversos ocurridos desde el 15 de febrero. También se declaró la emergencia en La Pampa, mediante la Resolución 454/2025, por sequías que afectan la producción agrícola, ganadera y apícola.
Beneficios para los productores afectados
Los productores comprendidos en las zonas afectadas podrán acceder a exenciones fiscales, prórrogas impositivas y créditos blandos para reactivar sus actividades productivas. Para ello, deberán presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que acredite el daño sobre sus explotaciones.
La medida busca amortiguar el impacto económico provocado por los incendios y fenómenos climáticos extremos, y al mismo tiempo, establecer una hoja de ruta para la recuperación productiva a largo plazo en las zonas afectadas.
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