Nueva ley migratoria en Argentina: el Gobierno busca cobrar salud y educación a extranjeros no residentes

El Gobierno nacional avanza en la redacción de una nueva ley migratoria que modificará las condiciones de acceso a servicios públicos para extranjeros no residentes en Argentina. El proyecto, anunciado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, contempla el cobro de aranceles en salud y educación, un endurecimiento de los requisitos para la radicación definitiva y la aceleración de procesos de deportación para quienes cometan delitos.

Fuentes oficiales confirmaron que la iniciativa está en manos del Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, y que su aprobación es una prioridad legislativa para este año. “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, afirmó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Cobro de servicios y restricciones en la radicación
Uno de los puntos centrales del proyecto es el arancelamiento de la atención médica y la educación para extranjeros sin residencia permanente. La medida se alinea con políticas ya implementadas en provincias como Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz, donde se comenzó a cobrar por la atención sanitaria a pacientes no residentes, reduciendo lo que se conoce como “turismo sanitario”. Según datos del Gobierno salteño, solo en un hospital la medida generó un ahorro de 60 millones de pesos.

Además, se prevé que las universidades públicas puedan establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia. Este punto podría generar debate en el Congreso, ya que la educación pública gratuita es un tema de amplio consenso en la sociedad argentina.

Expulsión de extranjeros con antecedentes delictivos
Otro eje de la reforma es la aceleración de procesos de deportación para extranjeros con antecedentes o que sean sorprendidos cometiendo delitos. Desde la Casa Rosada sostienen que Argentina debe seguir modelos como el de Estados Unidos, que endureció sus políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó en diciembre que se incorporarán más delitos como causal de expulsión y que quienes intenten ingresar con documentación falsa o con intenciones fraudulentas serán rechazados en la frontera.

Controles fronterizos más estrictos
La reforma también apunta a fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay para frenar el ingreso ilegal y combatir delitos como el narcotráfico y el contrabando. Se prevé la instalación de nuevos radares y la modernización de los centros de control migratorio.

El artículo 6 de la actual Ley de Migraciones (25.871), que garantiza igualdad de acceso a servicios públicos para extranjeros, podría ser reformulado para establecer distinciones según la residencia de los migrantes.

Si el Congreso no aprueba la nueva ley, el Gobierno no descarta impulsar cambios por decreto, aunque reconoce que esa vía podría generar mayor resistencia política y judicial.