Investigan a la fiscal Cladera por liberar al asesino de Kim en un robo previo, pero su sanción es incierta

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires abrió un sumario administrativo contra la fiscal Sabrina Cladera, quien decidió liberar a un delincuente de 17 años en un robo previo al asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años arrastrada por un auto robado en La Plata. Los especialistas advierten que es poco probable que reciba una sanción.

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires inició un sumario administrativo contra la fiscal Sabrina Cladera, en el marco de la investigación sobre la liberación de TG, el joven de 17 años implicado en el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado en La Plata.

El expediente, abierto de oficio por la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, busca determinar si Cladera actuó correctamente al no solicitar la detención del adolescente tras un intento de robo automotor ocurrido el 1° de febrero. En aquella ocasión, TG fue aprehendido junto a otros tres menores, pero fue entregado a sus padres debido a su edad ya la naturaleza excarcelable del delito.

Según fuentes judiciales, la fiscal aplicó el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, que permite la liberación de un imputado si no se considera necesario solicitar prisión preventiva. Especialistas consultados sostienen que la decisión de Cladera se ajustó a derecho y descartan que haya cometido una falta grave.

La primera víctima de TG, una joven de 20 años que sufrió el intento de robo, relató su experiencia en los medios y cuestionó la liberación del delincuente. “Yo estuve más tiempo en la comisaría que él”, aseguró.

Pese al impacto social del caso, la posibilidad de que Cladera reciba una sanción es reducida. Si bien la Procuración evalúa su actuación, el máximo castigo administrativo al que podría enfrentarse sería una suspensión de hasta 30 días, salvo que se detecte una irregularidad grave o un delito, lo que requeriría la intervención de la Secretaría de Enjuiciamiento.

El caso de Kim reavivó el debate sobre la seguridad en la provincia y la responsabilidad judicial en la liberación de delincuentes reincidentes, en medio de un contexto de creciente preocupación social por los niveles de violencia urbana.

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