Polémica por una resolución oficial que utiliza términos obsoletos sobre discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025, donde se emplearon términos considerados ofensivos y obsoletos para clasificar grados de discapacidad intelectual. En el anexo del documento, se utilizaron expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para describir distintos niveles de coeficiente intelectual, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales y especialistas en el tema.

Ante la repercusión, la ANDIS emitió un comunicado aclarando que "no hubo intención discriminatoria" y que se trató de un “uso involuntario de terminología histórica de la medicina psiquiátrica”. No obstante, el organismo confirmó que se modificarán los términos del documento para adecuarlos a los estándares actuales de evaluación médica y derechos humanos.

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresaron su preocupación y calificaron de “ofensivos y arcaicos” los términos utilizados. “Se trata de expresiones que refuerzan prejuicios y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual”, señalaron en un comunicado. Además, destacaron que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, promueve un lenguaje inclusivo y respetuoso.

Más allá del lenguaje empleado, la resolución también establece cambios en los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Según el texto, solo podrán recibir este beneficio quienes presenten una discapacidad intelectual clasificada como “profunda o mayor”. Aquellos con diagnósticos leves o moderados solo podrán acceder a la pensión si no han desarrollado “disponibilidades básicas” ni han realizado tareas remuneradas.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos en discapacidad exigen que la ANDIS no solo rectifique la terminología utilizada, sino que revise los criterios de evaluación para garantizar que no se vulneren derechos adquiridos. En los próximos días, se espera la publicación de una versión corregida de la resolución.