La Ciudad exige que se cumpla el fallo de la Corte sobre la Justicia porteña

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reiteró su reclamo por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que otorga mayor intervención al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño en la revisión de sentencias de la justicia nacional. La postura fue respaldada por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gabino Tapia, quien aseguró que "los fallos están para cumplirse".

El pronunciamiento de la administración de Jorge Macri llega en respuesta a la solicitud del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien pidió suspender la aplicación de la decisión judicial. Casal argumentó que el fallo afecta las funciones del Ministerio Público Fiscal en causas que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Un fallo clave para la autonomía porteña
La resolución de la Corte Suprema, conocida como “fallo Levinas”, establece que las sentencias de tribunales nacionales con sede en la Ciudad pueden ser revisadas por el TSJ porteño. Esta medida es parte de un proceso de ampliación de la autonomía judicial del distrito, aunque ha generado resistencias dentro del sistema judicial.

En su mensaje publicado en la red social X (ex Twitter), Tapia subrayó la importancia de consolidar la independencia del Poder Judicial porteño y afirmó que el gobierno de la Ciudad mantiene un canal de diálogo abierto con la Nación para avanzar en el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria.

El planteo del procurador Casal
Casal presentó una nota al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la que advirtió que la Procuración General de la Nación no tiene competencia para actuar ante el TSJ de la Ciudad, lo que podría dificultar la aplicación del fallo. Además, señaló que la Fiscalía General porteña tampoco podría intervenir en estos casos, lo que generaría un vacío legal.

En su escrito, el procurador solicitó la suspensión del fallo hasta que se establezca un marco normativo que permita su correcta implementación. Mientras tanto, el gobierno porteño mantiene firme su postura y exige que la decisión de la Corte se respete sin dilaciones.