Festram exige que se respete el derecho a vivir una vida libre de violencia
Advierten que las últimas declaraciones hechas por funcionarios del gobierno nacional son «mentiras y oportunistas».
Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (FESTRAM) se hicieron eco de las declaraciones del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y del vocero presidencial Manuel Adorni, quienes confirmaron que se buscará eliminar la figura de «femicidio» del Código Penal de nuestro país.
«La violencia es incitada a través de discursos de odio promovidos por quienes debieran garantizar la implementación de las leyes de protección de nuestros derechos humanos«, afirmaron desde la Federación.
Es por eso que difundieron datos brindados por el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” que arroja las siguientes cifras de femicidios en Argentina y otras cifras sobre la materia durante el año 2024:
- 267 femicidios
- 33 femicidios durante el mes de diciembre
- 28 niñas y adolescentes asesinadas.
- 319 intentos de femicidios directos y vinculados.
- El 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia.
- 267 niñxs huérfanxs
Desde FESTRAM aseguraron que «observamos con mucha preocupación que estos casos se están expandiendo en todo el país y no son visibilizados en los medios. Sin cobertura mediática no se visualizan estos crímenes y producen un subregistro de los casos. Por ejemplo; al cierre de Agencia de Noticias Télam, les siguió la persecución a periodistas, la eliminación de la figura de editoras en esta materia. Todo ello ha contribuido a invisibilizar la problemática de la violencia de género«.
«El femicidio es un agravante como otros, tales como el filicidio, el parricidio, etc. Proponer eliminarlo no es otra cosa que negar los asesinatos de las mujeres en cuanto tales y por ende, legitimar la violencia machista«, agregaron.
Por último, afirmaron que «desde el gobierno de Javier Milei –en la figura del propio Presidente de la Nación- se está generando un clima de violencia verbal que junto a las acciones antes enunciadas, constituyen un escenario donde las garantías constitucionales y la paz social peligra«.
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