Prisión preventiva para diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario: “Gravedad inusitada”, según la jueza
Diez agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario enfrentan prisión preventiva luego de ser imputados por una serie de graves delitos cometidos entre marzo de 2023 y noviembre de 2024. La jueza Melania Carrara resolvió la medida tras evaluar las pruebas presentadas por los fiscales Karina Bartocci y José Luis Caterina, quienes acusaron a los efectivos de abuso de autoridad, robo agravado, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad agravada y allanamientos ilegales.
La audiencia judicial, realizada en el Centro de Justicia Penal, concluyó este viernes por la tarde tras días de intensas deliberaciones. Según la investigación, los efectivos llevaron a cabo al menos 14 procedimientos irregulares, violando las responsabilidades que el uniforme les confiere como representantes del Estado.
Entre los acusados destacan:
Stella Maris C.: imputada por abuso de autoridad, robo agravado y falsedad ideológica.
Agustina M.: acusada de allanamiento ilegal y falso testimonio.
Marcelo B.: señalado por abuso de autoridad y allanamiento ilegal.
Gastón M.: implicado en allanamientos ilegales y daños.
Durante los allanamientos vinculados a la causa, se incautaron armas, municiones, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y herramientas. Estas pruebas refuerzan las acusaciones de los fiscales, quienes subrayaron la gravedad de los actos cometidos.
El jefe policial más comprometido en el caso es Luis Alberto País, quien ya había protagonizado un polémico episodio en 2022. En aquella ocasión, detuvo a un delincuente dentro de un estudio jurídico, lo que resultó en su arresto temporal y posterior traslado. Ahora, varios de los agentes bajo su mando enfrentan imputaciones graves.
El Ministerio de Seguridad provincial aseguró que este caso refleja su política de "tolerancia cero" frente a irregularidades dentro de las fuerzas policiales. “Quienes utilicen el uniforme para delinquir enfrentarán todo el peso de la ley”, declararon fuentes oficiales.
En aproximadamente 45 días, se llevará a cabo una audiencia de revisión de las medidas cautelares, mientras la investigación sigue su curso.