El Gobierno argentino califica de "pantomima" el video del gendarme secuestrado en Venezuela y exige su liberación inmediata
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó las imágenes difundidas por el régimen de Maduro sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo y afirmó que lo único que aceptan es su regreso a Argentina. La denuncia ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos, sumada a los detalles del video, intensifican la presión internacional.
El gobierno argentino se pronunció este jueves 3 de enero, tras la difusión de un video por parte del régimen de Nicolás Maduro, en el que se muestra al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva más de dos semanas secuestrado en Venezuela. En la grabación, que ha sido calificada como “pantomima” por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ve al uniformado caminando en un lugar desconocido, sin sonido ni detalles sobre la fecha o el contexto en que fue filmado.
“No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha”, expresó Bullrich, quien reiteró que la postura del Gobierno es clara: “Lo único que Argentina acepta es que sea puesto en un avión y enviado al país”. La ministra subrayó que lo que se muestra no es más que un intento del régimen de dar una “prueba de vida” sin que exista una evidencia concreta sobre el bienestar del gendarme.
Las autoridades venezolanas no han proporcionado detalles sobre el lugar o el momento de la filmación. Sin embargo, se especula que las imágenes fueron tomadas en la cárcel de El Rodeo, a partir de la coincidencia con fotos satelitales del centro penitenciario. En el video, Nahuel Gallo se muestra en buen estado de salud, pero el Gobierno argentino considera que este hecho no justifica el secuestro ni la violación de sus derechos fundamentales.
En paralelo, Argentina presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, calificando el secuestro como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos” y lo enmarca dentro de un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano. Este incidente ha generado una creciente presión internacional sobre el Gobierno de Maduro, mientras se espera una resolución por parte de los organismos internacionales.
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