Escándalo en Entre Ríos: el rol de Kueider en un negociado millonario con fibra óptica
El ex senador Edgardo Kueider figura como garante y operador clave de una empresa que abandonó obras en Diamante. Documentos revelan su conexión directa con la firma y el manejo irregular de los proyectos.
El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, enfrenta acusaciones por su participación en un negocio millonario vinculado al tendido de fibra óptica en la ciudad de Diamante. La empresa involucrada, ICELER, obtuvo un contrato para instalar la red en 500 manzanas, pero dejó las obras inconclusas y sin habilitación legal.
Kueider aparece como garante en un contrato de alquiler para ICELER, utilizando su sueldo del Senado como aval. Además, otorgó a su secretaria, Iara Guinsel Costa, un poder amplio para manejar la firma. Según documentos a los que accedió la justicia, esta decisión buscaba "agilizar el movimiento de la empresa", que se registró poco antes de las elecciones de 2023.
Las obras comenzaron de manera desordenada y, tras el cambio de gobierno en Diamante, el nuevo intendente, Ezio Gieco, denunció irregularidades en los permisos y el uso gratuito de espacio público. Ante la falta de respuestas, se ordenó a la empresa retirar sus instalaciones. Sin embargo, ICELER abandonó el proyecto y las autoridades municipales se apropiaron de la infraestructura instalada.
El escándalo se amplió tras la detención de Kueider y Guinsel Costa en Paraguay, acusados de intentar ingresar al país con USD 211,000 no declarados. Mientras cumplen arresto domiciliario en Asunción, la justicia argentina avanza en investigaciones sobre posibles sobornos y lavado de dinero relacionados con el ex senador y su entorno.
El caso ICELER también expone conexiones con otras empresas ligadas a Kueider, que buscan aprovechar las redes dejadas por la firma en Diamante. Según mensajes presentados en la causa, una empresa vinculada al ex senador intentó negociar el uso de la infraestructura tras el escándalo.
El futuro judicial de Kueider incluye investigaciones en Concordia y San Isidro, mientras las autoridades analizan sus viajes y movimientos financieros desde que ingresó a la política. El caso pone en el centro de atención las prácticas irregulares y el uso del poder político en negociados privados.
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