La Justicia Federal pidió la extradición del ex senador Kueider y su secretaria desde Paraguay
La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición del ex senador Kueider y de Iara Guinsel Costa, quienes están detenidos en Paraguay, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La solicitud también incluye el secuestro de sus dispositivos electrónicos y el allanamiento de su departamento de lujo.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado emitió un exhorto internacional solicitando la extradición de Eduardo Kueider, ex senador por Entre Ríos, y su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay. La medida se enmarca en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, investigados por su vinculación con el intento de contrabando de divisas y otras irregularidades.
Kueider, quien fue expulsado del Senado por una amplia mayoría el jueves pasado, ya no goza de fueros parlamentarios, lo que permitió que la jueza formalizara la solicitud. Además, se pidió el secuestro de sus dispositivos electrónicos y la realización de un allanamiento en el departamento donde ambos cumplen prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay. En este contexto, Arroyo Salgado también solicitó el traslado de los detenidos a su Juzgado Federal en San Isidro, para que se les tome declaración indagatoria.
El ex senador y Guinsel Costa están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. La causa se inició en julio de 2024, a raíz de una denuncia del periodista Christian Sanz, que destapó la existencia de propiedades de Kueider en un edificio de lujo en Paraná, a través de una sociedad sin actividad comercial, Betail SA.
El proceso judicial se desarrolló paralelo a la causa por contrabando que lleva adelante la Justicia de Paraguay. En este sentido, la jueza solicitó la colaboración de las autoridades paraguayas para secuestrar los celulares de los detenidos, lo que podría permitir acceder a posibles pruebas digitales.
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