El Gobierno avanza con el arancelamiento de servicios de salud para extranjeros no residentes

El gobierno nacional anunció el envío de un proyecto de reforma migratoria al Congreso, que incluye el arancelamiento de servicios de salud pública para extranjeros no residentes. La medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene como objetivo regular el acceso de pacientes extranjeros y evitar lo que describen como “abusos al sistema sanitario”.

Según el Ejecutivo, la reforma permitirá a las provincias decidir si adoptan esta medida en sus sistemas de salud, ya que la gestión sanitaria es potestad de cada jurisdicción. En lugares como Salta, donde ya se cobra a extranjeros sin residencia desde abril pasado, el impacto ha sido significativo: las atenciones de extranjeros disminuyeron un 95% y generaron un ahorro de 60 millones de pesos.

En contraste, en jurisdicciones como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde los extranjeros representan menos del 1% de las atenciones, las autoridades consideran que el arancelamiento tendría poco impacto económico. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, criticó la iniciativa calificándola como "provocadora y desinformada".

El alcance del proyecto
El proyecto incluye hospitales nacionales como el Garrahan, el Hospital Posadas y centros SAMIC distribuidos en el país. En Salta, la implementación ha transformado la dinámica del Hospital San Vicente de Paul en Orán, reduciendo significativamente el flujo de pacientes bolivianos que cruzaban la frontera para recibir atención gratuita.

Desde Casa Rosada, justificaron la reforma señalando que "el acceso gratuito al sistema sanitario por parte de migrantes no asentados no beneficia a la sociedad argentina". Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires y otros distritos, insisten en que la reforma no atenderá los problemas estructurales del sistema sanitario.

Reacciones y desafíos
El anuncio generó divisiones políticas. Provincias como Mendoza y Santa Cruz ya implementan esta medida en menor escala, mientras que sectores opositores, como la Ciudad de Buenos Aires, cuestionan su efectividad y fundamentación. Kreplak resumió la postura de su jurisdicción: “La salud es un derecho y su gratuidad no debe condicionarse”.

El debate, que combina cuestiones sanitarias y migratorias, promete intensificarse a medida que el proyecto avance en el Congreso.