La grave situación que atraviesa la flamante gestión de Bertone se convirtió en el caso testigo de un distrito con legisladores, intendentes y exfuncionarios kirchneristas, y hasta propulsores de la actual mandataria (entre ellos, José "Pepe" Scioli), que ya le soltaron la mano en este ajuste.

Es aún más curioso quiénes se mostraron a favor de las decisiones de Bertone. Sólo una porción del radicalismo local (que es oposición local) y el Gobierno nacional (Cambiemos, que apoyó en Tierra del Fuego a otro candidato a gobernador) avalaron la necesidad de un recorte también en el interior del país.

Además de los despidos anunciados por la gobernadora durante los primeros días de gestión (que inició el 17 de diciembre pasado), los sindicatos rechazan la ley de emergencia previsional que se votó por dos años, que crea un fondo solidario para jubilaciones con contribuciones de funcionarios políticos de los tres poderes del distrito y de los municipios, algo que rechazaron diversos sectores de empleados estatales. El aporte extra será del 4,5%.

También deberán aportar los trabajadores activos un extra de un 1% si tuvieran menos de 45 años; un 3%, los del rango entre 45 y 50 años; y un 4,5% si tuviesen más de 50, aunque los últimos tendrán -hasta 2025 para hombres y 2035 para mujeres- el beneficio de la jubilación antes de los 60 años, y se mantiene el 82 por ciento móvil.

Sin embargo, días más tarde Bertone vetó de manera parcial la ley y recibió una fuerte crítica de los partidos políticos opositores por no haber respetado un acuerdo previo.

El corrimiento más llamativo es el del intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto, que anunció días atrás el envío de un proyecto de ordenanza para no adherir a los aportes al fondo solidario de pago de jubilaciones en su municipio. "El FpV jamás tomó medidas en contra de los trabajadores", aseguró, y el jefe comunal, quien acompañó a la gobernadora cuando explicó los alcances de la reforma previsional.

Ayer dio la nota el titular de la fundación DAR, José "Pepe" Scioli, quien disparó: "Me preocupa sobremanera la situación, y no es de un Gobierno peronista reducir el salario a los trabajadores. Es lo que más me llamó la atención. Hubiera sido conveniente un acuerdo social y político, con todo el arco político, el sector gremial y los trabajadores, para tratar de sacar adelante la provincia".

Desde el radicalismo local, el legislador provincial Pablo Blanco señaló que "el Gobierno tiene la obligación de poner orden en las cuentas públicas", ya que "la gente votó a un Gobierno que no está dispuesto a seguir rifando reservas y emitir para financiar un festival de gasto que crea una sensación falsa de prosperidad".

En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dejó claro que "el Gobierno nacional respalda y acompaña a la gobernadora en las reformas implementadas para equilibrar fiscalmente a la provincia".

Pese a ello, los gremios continuarán con los paros y las movilizaciones "hasta que se derogue" la reforma previsional, entre otros puntos. Ayer, entregaron un petitorio ante el Superior Tribunal de Justicia y, a medida que pasan los días, son cada vez más los sectores (incluso, algunos privados) que se suman a las marchas. Para pasado mañana prometen una movilización masiva a la Legislatura local.

"Por año, sólo pagamos en jubilaciones lo mismo que gasta en 12 meses Bahía Blanca. ¿Se entiende ahora por qué se debe sostener esta reforma?", expresaron desde el entorno de Bertone. Las caras de la moneda que tiene la mandataria son mayores jornadas de protesta, por un lado, o perder autoridad política si cede ante los reclamos, por el otro.

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