Policiales Por: SOFIA ZANOTTIHace 2 horas

Detienen al hijo de un intendente salteño y a un comerciante por contrabando de rieles hacia Bolivia

José Miguel Gerala, hijo del intendente de Coronel Juan Solá, y David Edilberto Medina, un comerciante local, fueron imputados y recibirán 60 días de prisión preventiva por su supuesta participación en un esquema de robo y contrabando de rieles.

Al hijo del intendente lo detuvieron tras escuchas con el otro acusado.

En una operación que ha sacudido a la política y el comercio de la provincia de Salta, José Miguel Gerala, hijo del intendente de Coronel Juan Solá, y David Edilberto Medina fueron detenidos y acusados de contrabando de mercadería y robo agravado. Las autoridades les impusieron una prisión preventiva de 60 días, medida que se justifica por la gravedad de los delitos y el uso de un paso no habilitado para el contrabando.

La imputación surge tras una serie de escuchas telefónicas y allanamientos realizados a fines de octubre, en los que se desarticuló un operativo que pretendía llevar a cabo el robo de rieles de ferrocarril en varias localidades de la región. Según el Ministerio Público Fiscal, el delito de Gerala se agrava por haberse perpetrado en despoblado, lo que aumenta la complejidad del caso.

El caso tomó impulso el 23 de agosto de 2023, cuando el personal del Correo Argentino reportó la llegada de 480 cubiertas de origen sospechoso, lo que llevó a las autoridades a investigar las actividades de Medina, ya implicado anteriormente en un caso de contrabando. Las investigaciones revelaron que Medina gestionaba un galpón en Orán, desde donde operaba el tráfico ilegal de mercancías.

Las escuchas telefónicas revelaron que Gerala estaba directamente involucrado en el robo de rieles del Ramal C-25, utilizando a comunidades aborígenes para realizar el trabajo de extracción. Durante las conversaciones interceptadas, Gerala mostró ansiedad por concretar la venta de rieles extraídos, subrayando que contaba con un amplio stock de material en su poder.

Ambos acusados optaron por no declarar ante la justicia, mientras que sus defensas solicitaron la revisión de la prisión preventiva a favor de medidas menos severas, como el arresto domiciliario, alegando problemas de salud en el caso de Gerala. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados.

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