Diputada Cattalini solicita destitución del juez Bailaque por presunto encubrimiento de narcotráfico

La diputada socialista Lionella Cattalini compareció ante el Consejo de la Magistratura para exponer su denuncia contra el juez federal Marcelo Bailaque, a quien acusa de obstruir sistemáticamente las investigaciones de narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Según Cattalini, el magistrado no solo habría ignorado pruebas fundamentales en causas penales, sino que también mantuvo vínculos cuestionables con personas asociadas al narcotráfico, lo que, en su opinión, afecta gravemente la confianza pública en el sistema judicial.

Durante su intervención, Cattalini presentó una serie de expedientes que, asegura, reflejan una conducta irregular y reiterada por parte de Bailaque en la administración de justicia. La diputada detalló que el juez habría negado órdenes de interceptación telefónica, ignorado advertencias de la policía y omitido actuar sobre pruebas cruciales en casos de alto perfil. "Rosario necesita jueces que estén comprometidos con la transparencia y la justicia, no que obstaculicen investigaciones en detrimento de la seguridad de los ciudadanos", enfatizó Cattalini.

Un dato llamativo señalado por la legisladora es que Bailaque comparte el mismo contador que Esteban Lindor Alvarado, uno de los principales líderes del narcotráfico en la región. Según Cattalini, este vínculo compromete la integridad del magistrado, quien además habría facilitado el ingreso del hijo de este contador como empleado de la Justicia Federal, una situación que, para la diputada, representa un conflicto ético y legal significativo.

La diputada manifestó también su alarma ante la posibilidad de que Bailaque sea promovido a camarista federal, una posición de mayor influencia. "Resulta inadmisible que se considere un ascenso para un juez señalado por supuestos nexos con el narcotráfico; sería un mensaje contrario a la justicia que necesitamos para Rosario y para el país", concluyó.

Cattalini espera que el Consejo de la Magistratura actúe con celeridad en este caso para "restaurar la confianza de la sociedad en el sistema judicial" y evitar que los jueces cuestionados permanezcan en posiciones de poder.