El Gobierno avanza en la privatización de 129 empresas estatales para equilibrar deudas
En un intento por sanear las cuentas públicas y reducir pasivos con las provincias, el Gobierno ha identificado 129 empresas donde tiene participación estatal y planea transferir al sector privado mediante diversas estrategias.
El Gobierno argentino ha dado un paso significativo hacia la privatización de un total de 129 empresas en las que mantiene participación. Este listado, elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, incluye 62 compañías donde el Estado tiene participación mayoritaria, 59 con participación minoritaria y 8 que están en proceso de liquidación. Entre las empresas más relevantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, ARSAT y varios bancos.
El criterio para esta privatización va más allá de un simple traspaso al sector privado. Las autoridades buscan no solo deshacerse de activos estatales, sino también utilizar estos traspasos como herramientas para canjear deudas que la Nación mantiene con las provincias. "El objetivo es ordenar las cuentas de Nación y de las provincias", afirmó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.
Este enfoque pragmático permite que el Gobierno evalúe la situación de cada empresa, identifique sus segmentos valiosos y explore las mejores formas de facilitar la privatización. Se contempla la posibilidad de utilizar terrenos, acciones de empresas nacionales y otras propiedades estatales como parte de las negociaciones para saldar deudas.
En cuanto a los mecanismos de privatización, el Gobierno considera opciones como la oferta pública inicial, concesiones, cesiones a las provincias y cierre operativo de algunas unidades. Sin embargo, la intención no es que estas empresas pasen a manos provinciales, sino que el proceso de privatización se lleve a cabo con el apoyo de las administraciones locales.
Además, la administración de Javier Milei busca que el traspaso de empresas al sector privado sea una herramienta para combatir la corrupción política. Se argumenta que, aunque algunas de estas empresas puedan ser superavitarias, su traspaso es necesario para evitar que los políticos vuelvan a hacerlas deficitarias.
Este proceso de privatización ya ha comenzado a mostrar resultados: se han recibido ofertas para la licitación del 100% de las acciones del Estado en Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), y se espera que en dos semanas se den a conocer los resultados.
El Gobierno continúa analizando otras empresas, como Aguas y Saneamiento (AySA), ARSAT y la Televisión Pública, en un contexto donde se prioriza la rentabilidad y la reducción de la carga fiscal sobre el Estado.
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