La Justicia ordena al Gobierno garantizar la alimentación de grupos vulnerables en Argentina

En una resolución que reafirma el derecho a la alimentación como una obligación ineludible del Estado argentino, el juez federal Walter Lara Correa ha dictado un fallo que obliga al Gobierno a garantizar el abastecimiento adecuado de alimentos para los grupos vulnerables del país. La decisión, que abarca 129 páginas, se deriva de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quienes denunciaron que muchos comedores comunitarios han estado. sin asistencia alimentaria directa desde febrero de este año.

La sentencia resalta la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, de mantener los programas alimentarios sin retroceso, y exige la presentación de informes mensuales sobre su implementación. El juez enfatizó la necesidad de que el Ministerio depure y mantenga actualizado el RENACOM, subrayando que la mera inclusión en este registro no asegura el derecho a recibir alimentos.

En su fallo, Lara Correa destaca que el derecho a la alimentación está respaldado por compromisos internacionales y es especialmente crucial para niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, la resolución obliga al Estado a evitar cualquier tipo de regresividad en las políticas alimentarias, reiterando que deben ser atendidas de forma continua y progresiva.

Este fallo judicial llega en un contexto en el que diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la falta de asistencia alimentaria, lo que ha llevado a protestas en la capital argentina. A pesar de la defensa del Gobierno, que señala un aumento en las transferencias directas a familias vulnerables y un crecimiento en el monto de la Tarjeta Alimentar, la justicia ha solicitado garantizar un enfoque de derechos humanos en la ejecución de estas políticas.