El Gobierno impulsa proyecto para eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos

El Gobierno de Argentina evalúa la posibilidad de presentar un proyecto de ley al Congreso que busca eliminar por completo el financiamiento estatal destinado a los partidos políticos. Esta iniciativa se alinea con el objetivo del presidente Javier Milei de "avanzar hacia un modelo como el norteamericano", donde las estructuras partidarias son sostenidas financieramente por sus propios miembros.

Según informa la periodista Liliana Franco en Ámbito, fuentes cercanas a la Casa Rosada consideran que esta reforma es esencial para "transparentar los gastos de la política" y fortalecer la "batalla contra las castas". En este contexto, el Ejecutivo planea incluir esta propuesta dentro del debate sobre el Presupuesto 2025, anticipando que generará un intenso debate entre los legisladores.

Una de las estrategias que podría utilizar el Gobierno es ofrecer un aumento en el presupuesto universitario a cambio de la eliminación del financiamiento a los partidos, redirigiendo los fondos que se obtendrían de estos recortes.

Además, el Gobierno también propone eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo esta modificación. "Hoy no tenemos los números", afirmó Francos en declaraciones radiales, lo que sugiere que la propuesta podría enfrentar obstáculos significativos.

En cuanto al financiamiento actual, el Presupuesto 2023 destinó al Ministerio del Interior una partida de $48.500 millones (aproximadamente u$s164 millones) para el Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad. Los partidos políticos se financian actualmente a través de fuentes públicas y privadas, con la ley 26.215 estableciendo criterios específicos para la distribución de estos fondos.

De acuerdo con la legislación vigente, el Estado nacional reparte fondos de manera equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas, y en las campañas electorales, el financiamiento se distribuye parcialmente en función de los votos obtenidos en la última elección.

Por su parte, el financiamiento privado se limita a afiliados, donaciones y actividades propias, con prohibiciones estrictas en cuanto a donaciones anónimas y de entidades gubernamentales.