El Gobierno acusa a la UBA de “violar derechos estudiantiles” tras rechazo a auditorías
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó la postura de la UBA al rechazar las auditorías del Ejecutivo. La universidad considera esta medida una intervención en su autonomía educativa.
En medio de un fuerte cruce con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, arremetió contra la institución tras el rechazo a las auditorías promovidas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La UBA argumenta que este control vulnera su autonomía y representa una injerencia en la educación superior, mientras el Gobierno defiende la necesidad de supervisión como un paso hacia la transparencia.
Álvarez afirmó que “la autonomía universitaria no se ve afectada por estas auditorías” y recordó precedentes de auditorías a universidades públicas sin objeciones, haciendo referencia al caso de la Universidad Nacional de Tucumán en 2011. Además, recalcó que “no hay recortes en el financiamiento universitario” y aseguró que la SIGEN, organismo responsable de la supervisión, tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo estos controles.
Por su parte, la UBA emitió un comunicado en el que refuerza su postura en defensa de la libertad académica, argumentando que la interferencia del Ejecutivo podría limitar el contenido de la enseñanza. “La autonomía protege el derecho a la educación libre y gratuita”, afirmó la institución, agregando que convocará una auditoría independiente para garantizar la transparencia y despejar dudas sobre su gestión.
En medio de las tensiones, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas tomaron el edificio en Ciudad Universitaria en señal de apoyo a la autonomía universitaria. Además, el precandidato presidencial Javier Milei respaldó la posición de la UBA y criticó las auditorías del Ejecutivo, declarando que “atentan contra el derecho a la educación universitaria”.
La UBA también solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría 2025. Este paso busca “garantizar el acceso a información pública” y subraya el respeto a la autonomía educativa en el manejo de recursos económicos.
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