El Gobierno acelera la privatización de 59 empresas estatales: ¿un cambio radical en la economía?

El presidente Javier Milei ha tomado una decisión estratégica que podría marcar un antes y un después en la economía argentina. Según fuentes cercanas al gobierno, ha ordenado acelerar el proceso de privatización de 59 empresas estatales, bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher. Este equipo, compuesto por aproximadamente 30 profesionales, ha comenzado a evaluar cada empresa para determinar su futuro.

La política de privatización de Milei busca reducir el control estatal en sectores clave de la economía, bajo el argumento de "cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos". A pesar de que algunas de estas empresas son rentables, el gobierno sostiene que su permanencia bajo control público podría llevarlas a convertirse nuevamente en entidades deficitarias debido a la intervención política.

El proceso de privatización contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización mediante una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. Las autoridades han planteado tres fases principales para implementar el plan: definición, preparación y ejecución, con una estimación de finalización en un plazo de 6 a 8 meses.

Entre las empresas que podrían ser privatizadas se encuentran:

Aerolíneas Argentinas
Intercargo
ARSAT
AySA
ENARSA
Fabricaciones Militares
Banco Nación
Banco Hipotecario
Cada una de estas empresas es evaluada individualmente, considerando su viabilidad económica, oportunidades de negocio y áreas de interés para posibles inversores. Por ejemplo, en el caso de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), el gobierno busca atraer a un operador sólido que asuma la gestión de la empresa y considere la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. ARSAT también ha manifestado su intención de privatizar hasta el 49% de su capital accionario para 2025.

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La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más controversiales en este plan. Aunque el Gobierno considera inviable una privatización total a corto plazo, se evalúan áreas específicas que podrían transferirse al sector privado, como los servicios en tierra o parte de la flota. Además, se han mantenido conversaciones con la provincia de Córdoba, que ha mostrado interés en recibir la flota de Embraer (anteriormente de Austral) para establecer una aerolínea provincial.

A pesar de los retos que se presentan, el Gobierno sostiene que estas privatizaciones son cruciales para modernizar y hacer más eficiente el aparato estatal. Según el equipo de Milei, incluso aquellas empresas que son actualmente rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de convertirse en deficitarias si permanecen bajo control público.

Un aspecto que resalta el gobierno es la rentabilidad que se espera de las empresas privatizadas. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial para generar ingresos si son gestionadas de manera eficiente desde el sector privado. La venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitirían optimizar recursos y reducir el gasto estatal en subsidios.