Promulgan la ley que amplía el registro de datos genéticos para delitos graves
La nueva norma extiende el uso de perfiles genéticos a toda la investigación criminal y refuerza el control sobre los delitos sexuales. El registro se implementará en investigaciones a nivel nacional y provincial.
Este lunes, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.759, que modifica el Registro Nacional de Datos Genéticos, extendiendo su alcance a todas las investigaciones criminales, con especial foco en delitos sexuales y homicidios. La medida, impulsada como parte de las políticas de seguridad del oficialismo, busca mejorar la eficiencia en la resolución de crímenes a través del uso de perfiles de ADN.
El Decreto 899/2024, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue publicado en el Boletín Oficial este lunes, oficializando la ley que había sido sancionada a finales de septiembre por el Congreso.
La nueva ley amplía el alcance de la Ley 26.879 de 2013, que había creado el Registro de Datos Genéticos para delitos contra la integridad sexual, permitiendo ahora la inclusión de perfiles genéticos de cualquier imputado mayor de 18 años. El registro contará con bases de datos genéticos y filiatorios que podrán ser utilizados tanto en el fuero federal como en las jurisdicciones provinciales que firmen convenios para acceder al sistema.
Este registro permitirá comparar el ADN de los imputados y condenados con las muestras obtenidas en escenas del crimen. Además, los familiares de personas desaparecidas podrán aportar voluntariamente sus perfiles genéticos, facilitando la identificación de cadáveres no identificados.
Entre las principales novedades, la ley estipula que los perfiles genéticos de personas involucradas en homicidios dolosos, abusos sexuales y narcotráfico tendrán prioridad en el registro. También se contempla la posibilidad de eliminar los datos del registro en caso de que una persona imputada sea desvinculada de una investigación o si su situación procesal no se resuelve en un plazo de tres años.
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