Fallos Laborales Desiguales: La Amenaza Latente para Pymes y Comercios Argentinos

La Justicia Laboral en Argentina enfrenta una crisis de criterios que está poniendo en jaque la subsistencia de pymes, bares, colegios y otras instituciones. La diversidad de fórmulas utilizadas por las diez salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para actualizar las indemnizaciones ha derivado en fallos dispares y, en muchos casos, en montos difícilmente asumibles por los obstáculos. Actualmente, se aplican hasta seis métodos diferentes para actualizar los montos por inflación, incrementando considerablemente los resarcimientos.

Desde el 2022, año en el que la inflación en Argentina alcanzó niveles críticos, la Cámara de Apelaciones del Trabajo implementó un sistema que permite capitalizar los intereses anualmente, práctica conocida como "anatocismo". Esta medida, prohibida por el Código Civil original, ha llevado a que las indemnizaciones aumenten hasta un 50% en dólares respecto de hace siete años. Las pymes son especialmente vulnerables: un ejemplo reciente es el de una cadena de cafés de Buenos Aires, que debe abonar $140 millones a una trabajadora por solo seis años de servicio. Otro caso es el de un colegio de Hurlingham que enfrenta una deuda superior a los $103 millones, arriesgando su continuidad.

La raíz del problema se sitúa en el acta 2764, adoptada por la Cámara en septiembre de 2022, que permitió la capitalización de intereses. Esta normativa llevó a la intervención de la Corte Suprema en febrero de 2024, anulando el fallo "Oliva" que obligaba a una indemnización con un 8000% de intereses, alegando que excedía los límites razonables. Aunque en marzo se propuso la acta 2783, con una nueva fórmula de actualización basada en el índice CER más un 6% anual, los montos resultantes siguieron siendo desmesurados. Incluso en agosto, la Corte Suprema debió intervenir nuevamente, anulando un fallo con intereses del 20.000%.

Pese a estos intentos, no se ha llegado a un criterio uniforme. Las salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo han optado por métodos de actualización dispares: algunas usan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 3% adicional, mientras que otras emplean el índice CER o combinaciones de ambos con diferentes porcentajes. Esta falta de uniformidad genera una gran incertidumbre en las empresas, que desconocen qué montos deberán afrontar hasta el momento del fallo.

Un caso que refleja esta disparidad es el de una empleada de una pyme despedida en 2016. La indemnización inicial, calculada en 2017, era de $1.715.000, equivalentes a $106.000 según el tipo de cambio de la época. Sin embargo, debido a los retrasos en el juicio ya la fórmula de actualización aplicada, el monto ascendió a $184 millones en 2024, es decir, aproximadamente $150.000 al cambio actual, lo cual representa un aumento del 50% en dólares.

Un directivo de una empresa comentó que el sistema vigente castiga a las empresas por la ineficiencia de la Justicia, pues mientras los salarios han disminuido un 20% en términos reales en los últimos siete años, las indemnizaciones se han disparado debido a las fórmulas de actualización.

Este problema no es exclusivo de las pymes. La Corte Suprema anuló recientemente un fallo que ordenaba a la empresa Muresco SA pagar 53 salarios en concepto de multas a una empleada que había trabajado menos de dos años. Las multas por irregularidades laborales, contempladas en la ley 25.323, elevan significativamente las indemnizaciones, aumentando la carga financiera para las empresas.

Actualmente, las distintas fórmulas aplicadas por las salas de la Cámara generan incertidumbre. Un ejemplo es el de una fábrica de lonas de Villa Ballester, que debía pagar $17.644.189 a un trabajador despedido en 2011, pero, debido a la aplicación de una fórmula diferente por parte de la Sala 1, el monto fue incrementado a más de $36 millones.

Mientras los tribunales inferiores sigan actuando sin unificar criterios, la incertidumbre seguirá perjudicando a las empresas, generando conflictos y complicando la recuperación económica.