Gobierno Nacional Declara a Aerolíneas Argentinas "Sujeta a Privatización"

En medio de un conflicto sindical por reclamos salariales, el Gobierno Nacional ha decidido declarar "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas, la aerolínea estatal y emblema de la conectividad del país. La medida fue oficializada mediante el decreto 873/24, firmado por el presidente Javier Milei, y representa el primer paso para desprenderse de la compañía, en un intento por reducir el déficit estatal y mejorar la eficiencia en el sector.

El decreto publicado el martes por la noche establece que la administración nacional comunicará la decisión al Congreso, órgano que tendrá la última palabra para autorizar la privatización definitiva. La decisión llega luego de que la chimenea quedará inicialmente fuera de la Ley de Bases, que establece un marco general para las privatizaciones de empresas estatales, pero tras el reciente conflicto con los sindicatos, la situación se ha revertido.

Según los argumentos esgrimidos en el decreto, el Tesoro Nacional no puede seguir soportando el costo de una empresa "altamente deficitaria". El Gobierno argumenta que el aporte de cientos de millones de pesos para sostener Aerolíneas proviene del esfuerzo de todos los argentinos y no puede continuar. En su lugar, consideren que la privatización permitirá una prestación más eficiente del servicio y una reducción significativa de la carga financiera para el Estado.

Milei sostuvo que los recursos fiscales deben destinarse "a atender las necesidades de los que menos tienen", en un contexto en el cual la pobreza afecta al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%. Además, subrayó que los fondos destinados a mantener una aeronave deficitaria podrían ser redirigidos hacia programas sociales para quienes más lo necesitan.

El anuncio de privatización de Aerolíneas Argentinas también superpone los proyectos previamente presentados por distintos bloques del Congreso, como el de Hernán Lombardi del PRO y Juan Manuel López de la Coalición Cívica, ambos con iniciativas para privatizar la empresa en los términos de la Ley 23.696.

Esta decisión ha generado críticas desde diversos sectores, especialmente los sindicatos que representan a los trabajadores de la cabecera, quienes temen por la pérdida de empleos y la reducción de beneficios laborales. El próximo paso dependerá del debate legislativo que se avecina, con una amplia expectación sobre el futuro de una de las empresas más emblemáticas del país.