Javier Milei descubre el Instituto Argentino del Transporte: Ajuste y reestructuración en la administración estatal
El gobierno elimina el organismo creado por Cristina Kirchner y Florencio Randazzo para reducir duplicaciones de funciones y optimizar el gasto público.
El Instituto Argentino del Transporte (IAT), fundado en 2014 por la ex presidenta Cristina Kirchner junto al ministro Florencio Randazzo, ha sido oficialmente disuelto mediante el Decreto 870/2024. La decisión, enmarcada dentro de la estrategia gubernamental para racionalizar el gasto público, busca eliminar duplicidades y optimizar el uso de recursos en el sector del transporte.
El IAT se creó con el objetivo de asesorar en la planificación estratégica del transporte, promoviendo la integración entre el sector público y privado. Sin embargo, según explicaciones oficiales, sus funciones comenzaron a solaparse con las de otros organismos, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban políticas de desarrollo y seguridad en el transporte nacional.
En abril de 2024, el Decreto 318/24 había transferido el IAT al ámbito de la Secretaría de Transporte, bajo el Ministerio de Economía. Pese a este reordenamiento, una revisión interna concluyó que la existencia del Instituto no aportaba valor significativo a la administración, lo que llevó a su cierre definitivo.
El decreto de disolución sostiene que la medida forma parte de la política del Gobierno de reducir el gasto público y maximizar la eficiencia. Todos los recursos materiales y financieros del IAT serán transferidos a la Secretaría de Transporte, entidad que asumirá las responsabilidades que anteriormente desempeñaba el Instituto.
De este modo, el Gobierno busca mejorar la eficiencia administrativa dentro del sector del transporte, evitando la duplicación de funciones y destinando los recursos a áreas prioritarias. Además, se ha derogado el Decreto Nº 1004/14, que había establecido la creación del Instituto, formalizando así su cierre.
La disolución del IAT se alinea con el plan de reforma estructural del aparato estatal impulsado por el Gobierno, orientado no solo a la reducción de costos, sino también a la mejora de la coordinación y la transparencia del gasto público. La administración ha insistido en que una gestión eficiente de los recursos es fundamental para el desarrollo del país, y la reestructuración del sector del transporte es un ejemplo de esa premisa.
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