Política Por: SOFIA ZANOTTI27 de septiembre de 2024

Controversia en la EPE: el Gobierno de Santa Fe busca reformar el régimen de ingresos y el Sindicato responde

El Sindicato de Luz y Fuerza se pronuncia en contra de las modificaciones propuestas por el Gobierno para el ingreso de nuevos empleados en la EPE, asegurando que no existen privilegios y exigiendo un diálogo constructivo.

El Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe asegura que no existen privilegios y que el mismo régimen de contratación de personas rige en el resto del país.

El Gobierno de Santa Fe ha anunciado su intención de reformar el sistema de ingresos en la Empresa Provincial de la Energía (EPE), generando una respuesta inmediata por parte del Sindicato de Luz y Fuerza. Según el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, el objetivo de esta modificación es eliminar la preferencia que tienen los familiares de empleados actuales en el proceso de contratación y reducir la influencia del sindicato en la misma.

El Sindicato ha emitido un comunicado en el que solicita ser convocado a dialogar sobre las nuevas políticas. Aseguran que su régimen de contratación es similar al de otras regiones del país y que, en consecuencia, no poseen privilegios especiales. "El diálogo es el camino indicado para superar cualquier diferencia", afirmaron desde el sindicato, que representa a trabajadores de diversas localidades, incluyendo Santa Fe y Venado Tuerto.

En el marco de estas reformas, el Gobierno ha solicitado al Directorio de la EPE la presentación de un nuevo esquema de contratación, así como la creación de un Plan Integral de Recursos Humanos. Este plan debe incluir una evaluación de las capacidades de los empleados actuales y un programa de capacitación, buscando garantizar la seguridad y eficiencia en el trabajo.

El comunicado del Sindicato enfatiza su compromiso con la formación de sus afiliados a través de capacitaciones y recursos destinados al desarrollo profesional. Además, recalcan que el nuevo sistema de ingresos debería basarse en concursos públicos y abiertos, asegurando así la idoneidad de los candidatos y el cumplimiento de la Constitución Nacional, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben ser considerados para el empleo. sin más condición que su capacidad.

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