Avanza la primera privatización bajo el gobierno de Milei

En medio de un clima de mucha tensión en la Cámara baja mendocina el oficialismo, con 27 votos a favor, 17 en contra y 4 ausentes, logró aprobar el proyecto con el apoyo de La Libertad Avanza y del bloque Mejor Mendoza.

La importancia de esta empresa radica en que el Estado nacional posee el 63,72% de las acciones desde 2021, cuando se decidió la estatización del paquete mayoritario.

Con la aprobación de la venta del 21,2% que tiene la provincia al sector privado interesado, el Gobierno nacional avanza con su plan de ajuste de empresas públicas. Las acciones restantes se dividen entre un 9,78% de los acreedores y un 5,26% que aún está en manos de la familia Pescarmona.

El gobernador radical de Mendoza Alberto Cornejo fue quien presentó el proyecto por el que se autoriza a «transferir la totalidad de las cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientas mil (454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A.» que se obtuvieron en 2021 a cambio de 5 millones de dólares.

Ese paso abrirá la puerta para la empresa estadounidense Arc Energy, interesada en la compra del paquete accionario, oferta que podría formalizarse el próximo lunes.

La propuesta original, por 30 millones de dólares, estaba prevista para agosto pero luego hubo una solicitud de prórroga. Si las acciones pasan a manos del Estado se abre un período de 60 días y, si no hay un mejor oferente, comenzará la privatización.

Desde el gobierno de Milei estimaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) atraerá inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero que ayudarán a poner en valor a la empresa.

El panorama de Impsa
A mediados de 2021, luego de una profunda crisis, Impsa tuvo que ser rescatada, tanto por el Gobierno nacional como provincial. Y si bien mantuvo su estatus de sociedad anónima, pasó a ser una empresa de mayoría accionaria estatal.

Actualmente, la Nación posee el 63,7% de las acciones mientras que Mendoza tiene el 21,2%. El 15,1% restante quedó en manos de privados: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%.

La decisión de vender las acciones del Estado se explica por el pasivo superior a los 500 millones de dólares que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.

Este proceso de venta se inició a comienzos de julio cuando el Gobierno nacional y el de Mendoza firmaron una carta de intención con la empresa norteamericana, ARC Energy, que comprometió una inversión de u$s30 millones para capitalizar a la ex Pescarmona.

Ese proceso de negociación con Arc Energy se produce en medio de una compleja situación económica que atraviesa la empresa que cuenta con más de 700 empleados.