Del Frade judicializa la polémica por la baja de homicidios en Rosario
El diputado provincial Carlos Del Frade presentó una denuncia tras pedir explicaciones sobre la veracidad de los datos que indican una disminución en la tasa de homicidios. La acción responde a un pedido del ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni.
Este lunes, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó una denuncia en el Centro Territorial de Denuncias N° 7, en Rosario, en lo que definió como una "denuncia política". La acción vino tras un intercambio con el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Coccocioni, quien le pidió formalizar su inquietud en la Justicia luego de que Del Frade solicitara explicaciones sobre la veracidad de las cifras que muestran una disminución de casi el 60% en la tasa de homicidios en la ciudad.
El legislador, en una carta enviada al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Coccocioni, manifestó dudas sobre los métodos utilizados para lograr estos resultados, mencionando rumores sobre la participación de "reguladores" en los barrios, encargados de mediar entre bandas y fuerzas de seguridad. Del Frade exigió transparencia y advertió sobre los peligros de una posible reactivación de la violencia si no se aclaran las medidas tomadas para reducir los homicidios.
El diputado también hizo referencia a la presencia de agentes estadounidenses en la provincia y su posible conexión con el tráfico ilegal a través de la hidrovía Paraná, sugiriendo que acuerdos internacionales podrían estar facilitando actividades ilícitas si el control local resulta insuficiente.
A pesar de valorar la disminución en los homicidios, Del Frade subrayó la importancia de que el gobierno publique detalladamente las acciones que han llevado a este resultado, instando a identificar y sancionar a los responsables de irregularidades. Advirtió además que la violencia podría escalar nuevamente si no se mantienen los esfuerzos por controlar las bandas narcopoliciales en Rosario y la región.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a investigar las condiciones en la cárcel de Piñero y en la hidrovía Paraná, apuntando a irregularidades como la compra de celdas y el tráfico de drogas, vinculadas a grandes empresas y sectores económicos de la región.
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