El Gobierno Provincial Denuncia Páginas de Apuestas Ilegales

“hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar. La proliferación de estas plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”.

El gobierno provincial de Santa Fe presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la presunta explotación, administración y operación ilegal de juegos de azar a través de sitios web. La denuncia, basada en el artículo 301 bis del Código Penal, alega perjuicio a la Administración Pública Provincial y solicita el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de 273 sitios de apuestas en línea.

La documentación fue dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, y firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; de Educación, José Goity; y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena. En el escrito, la CAS, como autoridad reguladora de juegos de azar en la provincia, reporta que estos sitios operan al margen de la ley y sin la aprobación necesaria para comercializar juegos de azar.

Según Di Lena, “hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar. La proliferación de estas plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”.

Di Lena también destacó la importancia de identificar los sitios oficiales de juegos de azar en Argentina, los cuales deben contar con un dominio “.bet.ar”. La denuncia subraya la falta de controles y la permisividad de acceso y apuestas a menores de edad, lo cual no solo afecta a la comunidad sino que también genera un considerable perjuicio económico al erario público.

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