La convocatoria de una marcha por parte de rectores y la comunidad universitaria en Argentina refleja preocupaciones profundas sobre el financiamiento y la defensa de la educación pública. Aunque el gobierno anunció un supuesto acuerdo que no convenció a muchos, las críticas persisten, especialmente en medio de facultades que luchan por mantenerse operativas debido a los altos costos de servicios como la electricidad.

El presidente Javier Milei ha minimizado las preocupaciones, calificando de "salamines" a aquellos que advierten sobre recortes presupuestarios. Esta postura, junto con la decisión de utilizar una cadena nacional para destacar los logros de su gestión, ha generado un clima de tensión previo a la manifestación.

En un contexto preocupante, recientemente se ha reportado un incidente de discriminación por xenofobia contra Flor del Alba Cruz Valdez, presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, quien recibió ataques racistas y xenófobos después de promover la marcha en defensa de la educación pública.

El apoyo a la educación pública es evidente en datos recientes que muestran un 86% de respaldo, según una encuesta de Zuban, Córdoba & Asociados. Además, la inusual participación de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la marcha señala una convergencia entre estudiantes y trabajadores en este tema.

Sin embargo, el gobierno ha respondido con medidas drásticas, anunciando la posibilidad de aplicar el protocolo antipiquetes para disuadir la movilización. Esta acción ha suscitado críticas y temores de desmantelamiento de la unidad del movimiento estudiantil.

En el corazón de este conflicto está la percepción de que la gestión gubernamental ha descuidado aspectos fundamentales, priorizando recortes en lugar de una gestión efectiva. Este malestar se refleja en las palabras de la politóloga Leyla Bechara, quien lamenta la falta de cambio positivo en la vida de los ciudadanos debido a políticas públicas deficientes.