Regionales Por: Novedades del Sur 18 de marzo de 2024

El Fiscal Matías Merlo designado interventor del MPA Rosario con respaldo del foro sureño.

La fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, designa al Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Venado Tuerto, Matías Merlo, como interventor del Distrito Rosario de la Fiscalía Regional 2, recibiendo apoyo tanto local como gubernamental.

La decisión de la fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, de intervenir el Distrito Rosario de la Fiscalía Regional 2 ha generado repercusiones significativas en el ámbito judicial santafesino. Matías Merlo, reconocido por su capacidad de trabajo y diálogo, ha sido seleccionado para liderar esta intervención, manteniendo también sus funciones en Venado Tuerto.

La medida, que tiene una duración inicial de seis meses, prorrogable bajo ciertas condiciones, busca restaurar la cohesión interna institucional y reorganizar los procesos de trabajo de fiscales y empleados. Según la resolución oficial, la intervención tiene como objetivo principal unificar el registro de la información y resolver los conflictos internos existentes en la Fiscalía.

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Entre las razones detrás de esta intervención se encuentran las tensiones entre fiscales y la falta de una conducción ecuánime por parte de la Fiscal Regional. La resolución destaca que la jefa de fiscales no pudo separarse completamente de su rol anterior como Coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, lo que ha generado ciertas discrepancias en la institución.

La decisión de Vranicich ha sido respaldada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien considera que esta intervención es necesaria para mejorar el funcionamiento de la investigación penal en Rosario. Pullaro señala la importancia de fortalecer tanto las fuerzas de seguridad como el sistema judicial para abordar los desafíos actuales en materia de seguridad.

En este contexto, la designación de Matías Merlo como interventor del MPA Rosario se presenta como una medida con doble responsabilidad: restaurar la confianza interna en la institución y contribuir a mejorar la persecución penal en la región.
 
 
 
 
 
 

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