La aceitera que la empresa Ricedal Alimentos tiene en Chabás continúa paralizada pese a la fuerte movida gremial para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos y la reapertura de las operaciones productivas. A casi una semana de que no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, ayer se desarrolló una nueva audiencia que, lejos de lograr destrabar el tema, dividió aún más las aguas. Este conflicto se suma al que mantienen los operarios de la fábrica firmatense de implementos agrícolas Alcal, quienes entraron ayer en su tercera semana de paro al no haber cobrado sus haberes atrasados (ver aparte).
La empresa Ricedal de Chabás planteó la decisión de mantener su postura aduciendo que la protesta obrera le impide la posibilidad de que ingresen camiones a la planta además de causarle "perjuicios económicos", por lo que dejó sentado que hizo "una denuncia penal".

Por su parte el gremio ratificó su denuncia contra la firma por incumplimiento a la referida resolución y salió al cruce de las razones argumentadas por la empresa al sostener que "la falta de carga y descarga de mercaderías obedece claramente al no acatamiento de la conciliación por parte de la empresa pues no posee el personal para esas tareas".

Y sobre las denuncias penales impulsada por Ricedal dijo que "responden a un claro amedrentamiento y disciplinamiento que demuestra la falta de interés en solucionar el conflicto en el ámbito natural del ministerio laboral".

En esa misma línea —como también consta en un acta rubricada tras la reunión y a la cual tuvo acceso LaCapital— endilgó que "el no acatamiento (a la conciliación obligatoria) constituye el quebrantamiento del orden público laboral y una afrenta al Ejecutivo de la provincia" para luego responsabilizar a "la patronal de cualquier evento o consecuencia que su ilegal accionar pudiera generar en los trabajadores, sus familias y la comunidad de chabás".

La extensa audiencia de ayer sobrevino antes de lo previsto por Trabajo, a raíz de acontecimientos que apresuraron la convocatoria. Es que la empresa además de no acatar la conciliación también había sido denunciada por el gremio ante el organismo laboral tras tomar conocimiento el último viernes de que había recurrido a la Justicia para que ordenase el desalojo de los trabajadores apostados frente a las puertas del establecimiento fabril ubicado a la vera de la ruta 33 en el ingreso a Chabás, lo que finalmente no prosperó tras el repudio sindical, político y social que motivo la pretendida acción empresaria. El malestar fue tal que la Federación de Aceiteros hasta había amenazado con un paro nacional de concretarse lo pedido ante la Fiscalía de Casilda.

Ello acelero los tiempos para retomar las negociaciones y lograr un acercamiento entre las partes que no tuvo el resultado esperado pero se fijó una nueva audiencia para pasado mañana.

La firma decidió cerrar la fábrica chabasense para la elaboración de aceite de soja y productos derivados por "problemas económicos y financieros ante la falta de rentabilidad", lo que se contrapone a la mirada gremial que acusa a la empresa de "especular ya que hoy se presenta un mercado favorable para el desarrollo de la actividad".

"Evidentemente lo que están buscando con esto es sacarse de encima los aceiteros para tomar mano de obra barata y así tener disciplinado al personal a su antojo, lo que no estamos dispuestos a tolerar", dijo el delegado gremial, Pablo Lucero.

Y recordó que "la lógica de la empresa es manejarse arbitrariamente como sucedido antes del cierre del establecimiento cuando veníamos negociando el pago de convenios salariales incumplidos y recibimos amenazas de despidos que terminó concretando como hizo años anteriores cuando también faltaba poco para las paritarias". Además Lucero dijo que los operarios aún no cobraron febrero y no descartó que se vayan a endurecer las medidas de fuerza.

- LC