Tras detectarse múltiples obras ilegales que han contribuido a graves problemas de anegamiento en distintas áreas de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Obras Públicas ha tomado la iniciativa de aplicar medidas contundentes para poner fin a esta situación. En un contexto de emergencia hídrica y lluvias copiosas, las autoridades han expresado su determinación en garantizar el flujo natural de las aguas.

El Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ha subrayado la importancia de hacer cumplir la Ley Provincial de Aguas (Nº 13.740), la cual le concede a la provincia el poder de intervenir directamente ante obras irregulares que alteren el escurrimiento natural de las aguas. Esta legislación permite a las autoridades intimar, secuestrar, decomisar, demoler y aplicar sanciones a aquellos responsables de obras clandestinas que causen daños reales o potenciales.

En el marco de estas acciones, se han labrado actas a los responsables de las obras ilegales, iniciado acciones legales y aplicado multas económicas. El objetivo es claro: evitar obras clandestinas que puedan comprometer el drenaje natural del agua y poner en riesgo a otros productores y comunidades cercanas.

El Ministro Enrico ha enfatizado que "no hay margen para obras clandestinas que alteren el drenaje natural del agua, especialmente en este momento de emergencia hídrica". Además, ha expresado que las autoridades seguirán adelante con las tareas de control en toda la provincia para garantizar la aplicación de la Ley de Aguas.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, ha detallado que se han llevado a cabo operativos conjuntos con la Policía para identificar y denunciar las obras ilegales que estaban causando alteraciones en el drenaje. Los responsables de estas obras han tenido que desarmar los canales y bloqueos realizados como consecuencia de las medidas tomadas.

En resumen, el Gobierno de Santa Fe está tomando medidas firmes para combatir las obras ilegales que han provocado anegamientos en la provincia, priorizando la aplicación de la Ley de Aguas y garantizando la seguridad de las comunidades afectadas por estas acciones irresponsables.