Prescripción de Causa de Estafa Inmobiliaria en Venado Tuerto
La prescripción de la causa se basa en que han transcurrido más de ocho años y diez meses desde la presunta comisión de los delitos, superando el tiempo estipulado como pena máxima para los delitos imputados.
El Juez Penal de Primera Instancia, Eduardo Bianchini, ha declarado la prescripción de la causa de estafa inmobiliaria en Venado Tuerto, que involucraba a los acusados M.E.H y L.G.H. Ambos habían sido previamente imputados como coautores de los delitos de estafa y falsedad ideológica en concurso ideal con administración fraudulenta y circunvención de incapaces.
La decisión del juez se basa en "infracción a la garantía constitucional del plazo razonable de duración del proceso". Esta medida de sobreseimiento por prescripción de la acción penal ha generado reacciones tanto del fiscal acusador, Damián Casullo, como de la abogada querellante, Graciela Ditieri, quienes han anunciado su intención de apelar la decisión.
Los abogados defensores, Arsenio Domínguez y Carlos Martín, lograron su objetivo en primera instancia al solicitar la prescripción de la causa como excepción de previo y especial pronunciamiento durante la audiencia preliminar al juicio oral y público.
En su argumentación, el Juez Bianchini destacó la larga inactividad en el caso, señalando que "la causa estuvo dormida" durante varios años. A pesar de que la querella intentó justificar esta demora debido al inicio del nuevo sistema de procedimiento penal en la provincia de Santa Fe en 2014, Bianchini subrayó que hubo períodos de inactividad prolongados sin justificación aparente.
La investigación penal se inició en 2014 con la denuncia presentada por Elisabeth María Sidonie Seret, quien falleció en 2017. Seret acusó a los hermanos L.G.H y M.E.H de aprovechar su estado de salud delicado para llevar a cabo una presunta estafa inmobiliaria. Los acusados se habrían apoderado de sus propiedades y cuentas bancarias.
La prescripción de la causa se basa en que han transcurrido más de ocho años y diez meses desde la presunta comisión de los delitos, superando el tiempo estipulado como pena máxima para los delitos imputados. El caso pasó por ocho fiscales antes de llegar a manos de Matías Merlo, quien logró impulsar la investigación.
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